La Unión Europea es sin duda uno de los experimentos políticos más singulares y característicos de toda la historia. Se constituyó en 1957 con los Tratados de Roma, con el objetivo de reconstruir un continente que quedó destrozado por la guerra, sobre la base de la solidaridad entre los europeos, y la cooperación política y económica entre los países europeos que garantizaran una paz duradera, enterrando definitivamente a los nacionalismos que provocaron las dos guerras mundiales. A los 6 países que constituyeron las Comunidades Europeas, se sumaron otros muchos, los cuales fueron progresivamente cediendo parte de su soberanía para lograr un espacio común de todos los europeos. Se consiguió eliminar las fronteras interiores y que todos los europeos puedan moverse libremente por toda la Unión; se crea el Mercado Común europeo por el que los países europeos pueden comerciar entre sí sin aranceles; se crea una moneda común, el Euro; se adopta una política común en exterior y seguridad; se establecen normas comunes para la protección del medio ambiente o sobre el control de los alimentos, con la Política Agraria Común.
Sin embargo, este proyecto paneuropeo ha evolucionado hasta convertirse en un conjunto de intrincadas instituciones que muchos ciudadanos europeos sienten como ajenas. La Comisión o el Consejo son organismos complejos que se combinan con un Parlamento Europeo que, pese a ser elegido directamente por la ciudadanía europea, continúa percibiéndose como una institución lejana a los problemas cotidianos de los europeos. La crisis económica de 2008 afectó fuertemente al conjunto de la Unión Europea y pasó rápidamente a convertirse también en crisis política y social. En este contexto de inestabilidad y precariedad se pudo ver cómo el tejido institucional de Europa, y especialmente de la Eurozona, estaba escasamente preparado para afrontar un shock tan profundo. Además, la política de austeridad que trataba de revertir la situación, fomentó la desconexión y el desarraigo que los europeos sienten hacia sus instituciones.
Durante esta crisis se vislumbraron las carencias que presentaba Europa, especialmente en materia económica. La gobernanza financiera y monetaria de la Unión parecía que se había convertido en un asunto exclusivo de los tecnócratas y funcionarios del Banco Central Europeo y la Comisión. Paradójicamente, a pesar de que la creación de la moneda única supuso la mayor cesión de soberanía de los estados miembros, la ciudadanía se despreocupó de las políticas desarrolladas en este ámbito y quedaron al margen del escrutinio público. La definición de los tipos de interés, el límite de la tasa de inflación al 2% o el rigor presupuestario defendido por la Unión Europea son decisiones que tienen un enorme calado para la sociedad europea y especialmente para los jóvenes, que serán quienes vivan en la Europa del mañana. La definición de todas estas políticas, al igual que los términos de los rescates financieros, se han circunscrito al ámbito de las instituciones comunitarias, generando un alto grado de desafección. Además, la crisis económica reveló las importantes carencias de las políticas económicas y monetarias europeas a la hora de afrontar situaciones adversas. El rescate a Grecia o la crisis de deuda soberana de España sometieron a las instituciones comunes a una gran tensión y la ausencia de una mayor cohesión política y económica de los estados dificultó la resolución de la crisis en los países más afectados.
Pese a esto, la crisis sirvió de catalizador para impulsar la cohesión de los estados miembros con la creación de instrumentos como el mecanismo único de resolución (MUR) o el desarrollo de la unión bancaria que asegure la estabilidad financiera de la zona euro.
Estos avances en la gobernanza económica y monetaria de la Unión Europea son sin duda positivos para el conjunto de los europeos, ya que garantizan una mayor seguridad para los pequeños y medianos inversores que decidan depositar sus ahorros en cualquier entidad europea. Sin embargo, los desacuerdos políticos entre los países miembros parecen haber frenado estos avances tan necesarios. Como defiende el Partido de los Socialistas Europeos, la Eurozona debe continuar el camino hacia una mayor cohesión política y económica. No solo para encarar mejor la próxima crisis, sino para ofrecer a las futuras generaciones una Europa consolidada que garantice la prosperidad de todo el continente. Para ello, se deberían combinar criterios como el balance presupuestario sostenible y la eficiencia con una mayor preocupación social. Ejemplos como la devaluación salarial que se sufrió en España para tratar de ganar competitividad muestran la necesidad de adaptar las políticas comunitarias a una política socialdemócrata sensible hacia los trabajadores. La política económica debería adecuarse a la justicia social mediante políticas que estimulen empleos de calidad en todos los estados. Además, la elaboración de un presupuesto común para la zona euro, como también se defiende en el programa del PES, sería una forma de aumentar el gasto en tiempos de crisis para estimular el crecimiento de los países. Además, de esta forma la eurozona podría adquirir capacidad fiscal para favorecer la convergencia de todas las naciones europeas y evitar los desequilibrios entre la Europa del norte y la del sur. La creación de un Fondo Monetario Europeo también sería útil para resolver situaciones de crisis en cualquier país europeo, siguiendo así el principio de solidaridad sobre el que se fundamenta en gran parte el proyecto comunitario.
Por otro lado, la unión bancaria tiene margen para aumentarse mediante la creación de un fondo único de garantía de depósitos. De esta forma, todos los ciudadanos europeos disfrutarían de un mismo mecanismo para asegurar sus depósitos y se evitarían fugas de capitales entre estados miembros.
Todas estas medidas han sido debatidas por diferentes autoridades europeas en los últimos años con el objetivo de preparar mejor a la economía europea para la siguiente crisis y profundizar la unión de todos los europeos. El debate no es si habrá o no otra crisis en el futuro, si no cuando, como y con qué intensidad. Y el mejor mecanismo para paliar sus efectos será el consenso de todos los europeos. La crisis del 2008 mostró que decisiones como subir o bajar una décima los tipos de interés o el rescate millonario a un banco influyen directamente en millones de personas y tienen una gran transcendencia en la Unión Europea. Son sin duda cuestiones técnicas en las que se deben tener en cuenta cientos de factores diferentes, pero esto no exime a las autoridades europeas de la obligación de responder ante la ciudadanía de las decisiones adoptadas. El control y evaluación del Parlamento Europeo y las asambleas legislativas nacionales sobre estas cuestiones aumentaría la democratización de todas estas políticas ya que serían supervisadas por las instituciones elegidas democráticamente.
Los hechos vividos en la última década han demostrado la trascendencia de la política económica y monetaria europea y la necesidad de que adquiera un mayor carácter social. Todo esto solo será posible si los europeos adquirimos una conciencia política común y somos conscientes de que en un escenario cada vez más globalizado, la unidad es la única respuesta que podemos ofrecer. Para ello, la participación mediante el voto en las elecciones europeas es imprescindible. Las decisiones que se tomen con nuestro voto en el presente serán las que construyan el futuro de Europa.
