El Secretario General de JSE-Egaz Ramón Rubial y portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, Aitor Casado, denuncia que las Diputaciones pretendan paralizar la Ley de Juventud presentada por el Gobierno vasco ante la Cámara, “envolvií©ndose en la bandera foral como íºnico argumento de aquellos que carecen de propuestas y alternativas para los jóvenes”.

 

El representante socialista recuerda que este proyecto, compromiso adquirido por el PSE para esta legislatura, ha sido trabajado desde el inicio del mandato de Patxi López como una ley “estratí©gica”. Para ello, recuerda, se abrió un diálogo con los agentes sociales implicados, como el Consejo de Juventud, los jóvenes empresarios, el Ararteko, o alumnos de centros educativos. “El resultado ha sido un texto que aborda la cuestión de la juventud de forma integral, que supera las polí­ticas tradicionales y parceladas centradas en el ocio y el tiempo libre de los jóvenes, para establecer mecanismos dirigidos a lograr su emancipación y acciones destinadas a atender sus problemas en ámbitos como la salud, el empleo o la formación personal”, destaca.

 

Casado aí±ade que esta forma de abordar las cuestiones de los jóvenes “no ha sido nunca desarrollada por quienes han estado al frente del Gobierno vasco durante tres dí©cadas”. “Y ahora, ese mismo partido, el PNV, encabeza una cruzada foral sin contenido, una mera queja porque se pueda ver afectada la Ley de Territorios Históricos, cuya integridad es al parecer su íºnico referente de actuación polí­tica. No les importan los ciudadanos, sólo las competencias”, denuncia.

 

El portavoz de Juventud de los socialistas en el Parlamento indica que esta actitud la ha demostrado el PNV en las Leyes que ha llevado el actual Ejecutivo a la Cámara, como la de Cambio Climático, cuyo recurso ya ha sido rechazado por la Comisión Arbitral, la Municipal y la de Cajas, “esta íºltima además generando una contradicción interna en ese partido que ahora no saben ni cómo resolver”.

 

“Las competencias son para ejercerlas al servicio de los ciudadanos, no para crear fortines de poder. La Ley de Juventud ofrece un paraguas de actuación coordinada de todas las administraciones con competencias en el área de juventud para conseguir que los jóvenes tengan oportunidades de emancipación real. Y su discusión parlamentaria permite organizar esa distribución competencial como mejor sirva al objetivo final que se pretende. Paralizarla es retrasar ese marco de actuación legal, y hacerlo sólo por preservar cuotas de poder es utilizar a los jóvenes como rehenes de otros intereses”, concluye.