El PSOE se suma un año más a la movilización global para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que en nuestro país, la Alianza Española contra la Pobreza convoca bajo el lema “Contra la riqueza que empobrece”.
Es necesario replantear las relaciones entre economía y política para construir una nueva arquitectura institucional en la gobernanza económica y financiera sometida al interés general y que tenga como prioridad a las personas. No se trata sólo de salir de la actual crisis, sino de hacerlo en términos que aseguren el predominio de los intereses colectivos frente a los intereses privados de quienes detentan el poder económico, y, sobre todo, una salida en términos de cohesión social, una sociedad guiada por los principios de la libertad y la igualdad de oportunidades, porque la lucha contra la pobreza y la desigualdad es también una herramienta para asegurar la paz y la cohesión social.
No se puede mundializar la economía y las finanzas sin mundializar las reglas que permiten su control. Dos de ellas son destacables: la fiscalidad internacional y la responsabilidad social de las empresas en el cumplimiento de los Derechos Humanos en todo el mundo. Una política fiscal internacional debe abordar con urgencia el combate a los paraísos fiscales, la coordinación fiscal internacional y la creación de figuras tributarias trasnacionales para abordar los desafíos globales, desde la pobreza a las pandemias o al cambio climático.
La cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza han sido señas de identidad de los gobiernos socialistas. En el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, los socialistas estamos comprometidos con el relanzamiento de la agenda de la lucha contra el hambre y la pobreza, apoyando la consolidación de una alianza internacional y la firma de un tratado por la seguridad alimentaria, junto a la continuidad y coherencia de las políticas de desarrollo humano y sostenible en el marco de la Unión Europea, y siendo parte activa en el impulso y efectivo desarrollo e implementación de la nueva agenda post-milenio, la concreción de sus objetivos comunes, así como de los mecanismos políticos y de financiación necesarios, con el objetivo de tender a dotar las partidas del presupuesto de cooperación internacional con el 0,7 % del RNB, algo que sin duda requerirá tiempo y compromiso político en un país que ha pasado de contar con un presupuesto para cooperación del 0’46% del RNB en 2009 a menos de un 0’17% actualmente con el gobierno del PP.
Una de las consecuencias más alarmantes de la crisis que vivimos hoy en España es el gran avance de la pobreza y la exclusión social entre la sociedad española. Para el Partido Socialista es una prioridad atender a la creciente población española en exclusión o en niveles de pobreza inaceptables para una sociedad decente. Las familias que se quedan sin vivienda, los hogares sin ingresos, las pensiones mínimas, entre otras, constituyen un universo protegible que reclama una legislación adecuada, unas políticas concretas o, simplemente, una limitación insoslayable a las reformas que está llevando a cabo el gobierno del PP. Si la desigualdad económica resulta injusta, la exclusión social y la pobreza en un país con renta y riqueza como el nuestro son, sencillamente, intolerables.
En el actual marco social y con la brutal gestión de la crisis ejecutada por las políticas neoliberales del Partido Popular, muchos españoles se están viendo inmersos en la pobreza y muchos son también los que están en riesgo o en situación de exclusión social. Hoy, en España, 27 de cada 100 españoles se encuentra en riego de pobreza o exclusión social. De entre ellos, más de 2 millones son niños. Una realidad que sólo cabe describir como de emergencia nacional. La precarización del empleo está provocando una situación insólita: según un estudio de la Comisión Europea, sólo alrededor del 35% de los españoles en riesgo de pobreza entre 18 y 59 años que encuentra un trabajo logra salir de la pobreza. Actualmente en nuestro país hay 1.834.000 hogares con todos sus miembros en paro y 740.500 hogares sin ingresos, porque cada vez hay más parados sin prestación por desempleo: la tasa de cobertura de prestación por desempleo relativa al pasado mes de agosto está ya por debajo del 60,45%, y casi 2,4 millones de parados de muy larga duración (más de dos años en el paro), prácticamente un millón más que a finales de 2011, y según la EPA solo 1 de cada 3 parados tienen protección por desempleo.
En un contexto como éste, diversos informes señalan que la brecha salarial aumenta y con ella la desigualdad: en 2013 los directivos ganaron un 7% más, mientras que el sueldo de los trabajadores intermedios bajó un 3% y el número de millonarios crece en España un 24% respecto al año pasado, poniendo de manifiesto los crecientes niveles de desigualdad en España y colocando a nuestro país como el país de Europa dónde más ha aumentado las diferencias entre ricos y pobres. Según el Índice de Justicia Social de la UE, España se sitúa por debajo de la media, el lugar 21 de los 28. El riesgo de pobreza se ha incrementado en casi 3 puntos desde el 2011 a 2014, del 24,5 al 27,3.
En los últimos años una nueva forma de pobreza, la pobreza energética se ha extendido por las sociedades desarrolladas. La pobreza energética se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. Diversos estudios situaban la tasa de pobreza energética española en el 10% de la población. En este sentido, urge, entre otras acciones, incorporar el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española. Para ello, el Partido Socialista presentó una proposición de Ley sobre pobreza energética que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la oposición frontal del PP.
Por este motivo el PSOE ha presentado ya varias propuestas, entre las que destaca la voluntad de situar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda política y de nuestras prioridades, como la extensión del subsidio de desempleo a las personas que lleven más de un año inscritas como paradas, que carezcan de ingresos y tengan cargas familiares, o trasladando la necesidad de contar con un amplio acuerdo social que aglutine a fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales para lograr un gran Compromiso contra la Pobreza y la Exclusión en España. Los datos son absolutamente intolerables para un país como España, que se encuentra entre las principales economías del mundo. Son absolutamente indignos para una sociedad que se considera moderna y avanzada como la nuestra.
Entendemos que la respuesta a un problema global ha de ser global. Vencer la pobreza ha de ser una gran causa prioritaria y colectiva, una causa de país, una causa de toda la ciudadanía.
