Resolución contra bullying
Según el informe elaborado por la organización Save the Children titulado “Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia”, un 6,3% de los estudiantes vascos de ESO, entre 12 y 16 años” aseguran haber sufrido acoso escolar y un 4,5% se considera víctima de acoso a través de internet o de las redes sociales. El mismo estudio pone de manifiesto que un 3,5% de los alumnos de ESO reconoce haber acosado a alguien y un 2,1% admite haberlo hecho a través de internet. Estas cifras revelan una situación preocupante de violencia en el ámbito escolar.
Acoso escolar puede definirte de la siguiente forma: “un alumno/a es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno/a o varios de ellos” (Olweus, 1998). Existe consenso en que lo que caracteriza de manera específica una situación de acoso escolar es que se dé de manera repetida y mantenida en el tiempo, lejos de la mirada de adultos y con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa.
Desde las instituciones deben ponerse todas las herramientas necesarias para la lucha contra el acoso tanto en las aulas como en internet, destacando la importancia de la prevención, sobre todo respecto a las situaciones de violencia en el entorno escolar que pueden acabar siendo acoso.
Por todo lo expuesto, el Comité Nacional de Juventudes Socialistas de Euskadi adopta la siguiente resolución:
1- Instamos al Gobierno Vasco que aumente las inspecciones educativas dedicadas a la detección y prevención del acoso escolar.
2- Instamos al Gobierno Vasco que incida en la formación del profesorado en materia contra el acoso escolar.
3- En el ámbito sanitario, instamos al Gobierno Vasco a desarrollar planes de prevención sanitaria de las consecuencias que para la salud pueda tener este tipo de acoso.
4- Instamos al Gobierno Vasco que apruebe protocolos de actuación que impliquen a toda la comunidad educativa.
5- Instamos al Gobierno Vasco a la puesta en marcha de una ley específica de protección de los/as menores contra este tipo de violencia.
